Coincidiendo con el primer día de Ridván (21 de abril) el Congreso de España presentó y aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la cual instaba al Gobierno español exigir al iraní la liberación de los 7 Yarán detenidos hace ya un año que continúan a la espera de un juicio, y condene la violación de los derechos humanos que está teniendo lugar contra los bahá’ís. Nos lo dice la agencia de noticias ADN del grupo EFE:

Congreso de los Diputados de España

La proposición no de ley, presentada por el PP y aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, insta al Ejecutivo español a trasladar al iraní su condena por la persecución “sistemática” que se ejerce sobre el colectivo Bahá’í.

Durante su intervención, el diputado popular Juan Carlos Grau ha precisado que la Fe Bahá’í hoy agrupa a más de 6 millones de creyentes, de los cuales 350.000 residen en Irán, los cuales son “sistemáticamente perseguidos” desde que se implantara la República Islámica tras la Revolución de 1979.

Ha recordado asimismo que la relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Religión o Credo, Asma Jahangir, aludió en 2006 a esta discriminación y a la persecución que el presidente iraní Jamenei había ordenado de forma confidencial.

Por ello, todos los grupos del Congreso español aprobaron por consenso el 21 de junio del mismo año una proposición no de ley que instaba al Gobierno a manifestar ante los diplomáticos iraníes el compromiso español con la libertad religiosa y la preocupación por la deriva que estaba tomando el Gobierno de Teherán.

Una situación que, a juicio de Grau, “se ha agravado” en los últimos años, especialmente con la detención por parte del Ministerio de Inteligencia, entre marzo y mayo de 2008, de siete miembros de la comunidad Bahá’í, que sufren unas condiciones de encarcelamiento que no cumplen ni con las condiciones “mínimas” contempladas en el Reglamento sobre el tratamiento de prisioneros.

El delito por el que se les acusa, y ello sin que hayan podido contar con la asistencia de sus abogados, ha dicho Grau, es el de “espionaje a favor de Israel, insulto a las figuras religiosas y propaganda contra el sistema”, castigado con entre 1 y 5 años de prisión.

Aunque el parlamentario socialista Jordi Pedret ha dado su respaldo a la iniciativa, ha criticado al PP por su forma “unilateral” de presentarla, y ha reiterado que el Gobierno español “viene cumpliendo estrictamente” con la proposición no de ley aprobada en 2006.

Pedret ha lamentado que el PP haya “desperdiciado” una oportunidad para encontrar el consenso porque, en su opinión, la defensa que el Gobierno hace de los derechos humanos “es algo que se puede continuar pero no incitar de nuevo”.

Fuente: ADN.es

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